Siete pisos turísticos irregulares salen a la luz en el In Tempo tras una inspección policial
El edificio más alto de Europa entre los de uso residencial, el conocido como In Tempo, ese coloso de 202 metros y 47 plantas que preside la playa de Poniente y forma parte inconfundible del skyline de Benidorm, fue el escenario el pasado viernes, 30 de octubre, de un amplio operativo de inspección. El objetivo era claro: comprobar si en sus viviendas se estaba ejerciendo el alquiler turístico sin contar con la habilitación administrativa necesaria.
Así se desarrolló el dispositivo
Unos 40 agentes uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm trabajaron de forma coordinada durante toda la intervención. Los inspectores efectuaron comprobaciones aleatorias en apartamentos de las dos torres que componen el edificio, la orientada a Poniente y la de Levante, para verificar si se ajustaban a los requisitos que exige la normativa vigente.
Mientras se realizaban estas inspecciones, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional desplegaron un control de personas y vehículos en el entorno, con la finalidad de apoyar el trabajo de los equipos que subían piso a piso y reforzar la seguridad en el recinto durante toda la mañana.
La jornada transcurrió con total normalidad y sin ningún tipo de incidente. Desde la Jefatura se quiso destacar, además, la actitud colaboradora tanto de los residentes habituales del inmueble como de las personas que se alojaban en él, que facilitaron en todo momento el trabajo de los agentes.
El balance: al menos siete alojamientos irregulares
El resultado del operativo no tardó en conocerse. En apenas unas horas de trabajo, los equipos detectaron al menos siete apartamentos que, presuntamente, estaban operando como alojamiento turístico sin la correspondiente autorización administrativa. Desde las fuerzas actuantes subrayaron que este tipo de dispositivos conjuntos resultan fundamentales para prevenir y destapar actividades irregulares en un sector tan sensible para nuestra ciudad como es el turístico.
Quién sanciona y con qué herramientas
Estas comprobaciones se apoyan en las competencias de inspección y sanción que asumió el Ayuntamiento de Benidorm gracias a un decreto legal aprobado por la Generalitat Valenciana, que reformó la ley autonómica de 2018 de turismo, ocio y hospitalidad. Esa normativa impone obligaciones concretas a quienes regentan alojamientos turísticos y recoge el llamado principio de unidad de explotación: la gestión y administración del establecimiento debe recaer en una única titularidad responsable, algo clave a la hora de asignar responsabilidades cuando se producen infracciones o incumplimientos.
Será el Departamento de Comercio del consistorio quien instruya y tramité los expedientes sancionadores que se deriven de estas inspecciones. De hecho, la labor municipal en esta materia ya ha dado frutos: al menos cuatro propuestas de sanción, inicialmente cifradas en 50.001 euros cada una, ya han sido pagadas por sus responsables acogiéndose a las reducciones por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, lo que ha rebajado a la mitad su importe original.
La mirada va más allá de la licencia
El trabajo policial no se limita a comprobar si el piso turístico está o no legalizado. Del análisis de la documentación recabada durante las inspecciones podría surgir la apertura de nuevos expedientes, sobre todo en lo relativo al registro documental y a la comunicación de los datos de las personas alojadas, obligaciones que un decreto de 2021 establece para quienes ejercen actividades de hospedaje y también de alquiler de vehículos a motor, en el marco de una ley de protección de la seguridad ciudadana.
Como explican desde la Policía Nacional, esas obligaciones de registro son una herramienta esencial para prevenir e investigar delitos, ya que permiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponer de información relevante sobre quién utiliza estos establecimientos. Saltárselas puede considerarse una infracción grave en materia de seguridad ciudadana, con multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan desprenderse de lo detectado.
Un aviso para propietarios y gestores
Tras el operativo, los agentes han querido lanzar un recordatorio a todos aquellos que ponen viviendas en alquiler turístico en Benidorm: conocer y cumplir la normativa valenciana no es opcional. Esto incluye tanto los requisitos exigidos para poder ejercer la actividad como las obligaciones documentales y de comunicación de datos de los huéspedes que la ley establece.
Para los vecinos de la ciudad, la noticia confirma que la vigilancia sobre los apartamentos turísticos irregulares sigue estrechándose, también en los edificios más emblemáticos de nuestra costa.
